Sobre las detenciones del 28N

[El estado y el monopolio de la violencia]

«El origen del Estado y su razón de ser estriba en el hecho de que trabaja en favor de la minoría privilegiada y en contra de los desposeídos.»
Piotr Kropotkin

Hace pocas semanas llegó a nuestros oídos que una veintena de militantes de diversos colectivos del espectro anticapitalista fueron detenidos en sus casas o en sus puestos de trabajo. Fueron acusados de lesiones, daños y delitos contra los derechos y las libertades fundamentales por el supuesto asalto a una asociación carlista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el 20 de noviembre. La mayor parte de las personas que han sido involucradas en este hecho ni siquiera estuvieron presentes en ese lugar en este 20N del 2013. La prensa no tardó en reforzar la caza policial y justificarla, usando adjetivos como radicales, violentos, extremistas, independentistas, antisociales o anarcosindicalistas. Mientras tanto, Cristina Cifuentes, delegada del gobierno en Madrid se recochinea de las detenciones a través de su perfil de Twitter. Fueron puestos en libertad al día siguiente con cargos, pendientes de un juicio que no llegará hasta dentro de 2 o 3 años, dejando esa carga sobre sus espaldas.

Sin embargo cuando apagas la televisión, cierras el periódico o cierras la página de Internet de cualquier medio de los grandes grupos de información, y sales a la calle, no ves a esos bárbaros que merecen ser metidos en prisión, como exponen muchos ignorantes llenos de soberbia en los foros, desde el anonimato de Internet. Ves a gente humilde y obrera, jóvenes sin trabajo y sin posibilidad de poder estudiar, cuyo futuro ya está siendo sentenciado: o la mendicidad o la cárcel.

Lo que tiene en común la mayoría de esta gente es su pertenencia a movimientos sociales y a colectivos cuya finalidad no es otra que la superación del capitalismo. Compañeros/as libertarias/os, mujeres de colectivos feministas, organizaciones anticapitalistas diversas, hinchas de equipos de fútbol cuya práctica política y social va mucho más allá de quedarse sentado/a en la grada de cualquier estadio. El resto simplemente son jóvenes humildes.

Actualmente, nos encontramos en un contexto económico internacional donde el capitalismo está envuelto en una nueva crisis cíclica que está permitiendo su reestructuración. Para ello desde la Unión Europea y otros organismos creados por la ONU, como el FMI, se ha apostado por imponer nuevas políticas que destruyan el modelo del Estado del Bienestar imperante desde el final de la 2º Guerra Mundial, sustituyéndolo por un modelo totalmente neoliberal en el que todos los servicios que eran gestionados por el estado y de interés común para la población sean gestionado por las empresas privadas, creando un modelo de negocio mercantilista al servicio del interés del crecimiento y la solvencia empresarial, y no al servicio del interés colectivo.

Con la imposición del renovado capitalismo, el estado necesita reforzase, por eso estas detenciones se realizaron dentro del marco de aprobación de un nuevo Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, en el que el estado ha querido demostrar que nadie está a salvo de su control. De manera aleatoria, con ayuda de los supuestos agredidos, han escogido a unas 20 personas al azar dentro de sus ficheros, con la excusa de un incidente en la Facultad de Derecho de la UCM, para enjuiciar y criminalizar. Esto demuestra que la policía cuenta con listas negras de personas a las que practica seguimientos y, aprovechando cualquier margen, puede incurrir en la detención y acusación para la anulación a través del miedo y la coacción de la persona y su entorno (familiares, amigos/as u organizaciones). Mientras, para reforzar el miedo en el resto de la población, los medios de información seguirán criminalizando y promocionando los nacionalismos, el racismo, y la confrontación y desconfianza entre los/as desposeídos/as.

Aunque actualmente en España los movimientos sociales y en este caso el Anarquismo no presenten una amenaza seria para este país, el gobierno tiene miedo. En otros países los movimientos anarquistas que pretenden superar al estado y al capitalismo están mucho mejor organizados y son mucho más combativos, y saben muy bien que el internacionalismo es una herramienta muy poderosa de organización que supera las fronteras. Eso es lo que no quiere el gobierno español, y por ello usa sus mejores herramientas para defenderse a sí mismo y a todos los privilegiados: la violencia y la coacción. Así lo define Max Weber en su libro «La ciencia como vocación, la política como vocación», en el que define al Estado como «Una entidad que detenta el monopolio de la violencia y los medios de coacción», definición que es fundamental en la ciencia política moderna y en la filosofía del derecho.
Según Weber, el estado para monopolizar el uso de la violencia (policial y militar), necesita cierta legitimación. Para ello, en el caso de España, el estado constitucional se sirve de la Carta Magna como símbolo sagrado de base, unidad y legislación, y se sirve de llamar a la población a acudir cada 4 años a las urnas, para legitimar constantemente la forma de estado y el sistema económico capitalista, y para retroalimentarse constantemente. Con ello la población cede su capacidad de decisión a un poder al que tendrá que subordinarse durante la siguiente legislatura, sea o no coherente su voto con la proposición hecha por el partido de turno. Así, a través de la legitimación carismática, se acepta subordinarse a un líder, el cual no es más que la cabeza visible de todo un entramado de marketing, asesores, abogados, economistas y demás profesionales que buscan, con la legitimación establecida, imponer las políticas económicas dictadas desde los principales organismos europeos, reforzar y mantener los privilegios de los empresarios y agrandar sus riquezas a costa de la explotación ajena, y proteger a todos aquellos que viven de parasitar en las instituciones del estado.

Y así, mientras se refuerzan las políticas privatizadoras, se potencia la temporalidad y la destrucción de empleo, se elitiza el acceso a la Universidad, la tasa de paro llega a casi el 30%, la gente se suicida porque son expulsados de sus casas, existe una tasa de pobreza infantil de más del 27%,  número mayor de personas desesperadas cae en la drogadicción. Y a todo aquel que no se resigna se le criminaliza, extorsiona y encarcela.

«Ninguna legislación tuvo otro fin que consolidar un sistema de despojo del pueblo trabajador por medio de la clase dominante.»
Mijail Bakunin

Los gobiernos de turno en el poder no han hecho otra cosa que proclamar el fin de la crisis para dentro de muy poco. Así, el último en vaticinar el fin ha sido el Ministro de Hacienda, que ve que se saldrá de la recesión en 2014. Pero sin embargo, el gobierno invierte cada vez más en armamento antidisturbios. Los últimos juguetes de los que disfrutará la policía serán camiones blindados lanzadores de agua, tal y como establece el BOE del lunes 16 de diciembre del 2013 (sec. V-A, pág. 63408). Si el gobierno continúa gastando más en material antidisturbios que en gastos sociales, no es más que para blindarse, ya que la supuesta crisis no remitirá, sino que se agravará aún más, como se ha demostrado hasta ahora. Y mientras tanto, el gobierno, no contento con gastar material antidisturbios, se preparara para desenfundar otra reforma laboral para 2014 que flexibilizará aún más la contratación, hasta que llegue el punto de anular al movimiento obrero en una futura Ley de Huelga que piden tanto los empresarios como Europa.

Hasta entonces, el siguiente paso es el de endurecer la legislación penal a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual refuerza aún más la represión contra los movimientos políticos y sociales que pretendan simplemente exponer sus ideas en la calle o de manera escrita, con la única justificación de que es por nuestra libertad y nuestra seguridad.
Así se establecen como infracciones muy graves la reunión, concentración o manifestación que no sean comunicadas o que se realicen en periodos de campaña electoral, manifestarse en el congreso, senado o parlamentos autonómicos, acciones indeterminadas que dificulten el ejercicio de un funcionario, la «perturbación» del orden en un acto de campaña electoral, la ofensa a España y cualquiera de sus símbolos, el uso de cualquier manifestación pública escrita o verbal en cualquier medio de difusión para este fin, el uso de banderas, símbolos o emblemas que inciten a la alteración de la seguridad. Si lo anterior puede parecer algo muy acorde con cualquier tipo de sistema totalitario, la paranoica obsesión que tiene el gobierno actual contra los movimientos sociales llega hasta tal punto de multar por poner una mesa en la calle o hacer deporte en la calle. Así, las multas según las infracciones de turno serán:

Multa de 100 a 1.000 € por infracciones leves.
Multa de 1.001 a 30.000 € por infracciones graves.
Multa de 30.001 a 600.000 € por infracciones muy graves.

Además, para facilitar aún más las cosas, el gobierno pretende otorgar a la seguridad privada más competencias y autoridad, creando un cuerpo precario, parapolicial privado, de mercenarios con muy poca formación, que podrá acceder a los registros policiales, cachear y  detener a la libre voluntad de las exigencias de la empresa. Así se cumple el sueño de muchas de estas empresas, ligadas la gran mayoría a la extrema derecha (como en el caso de Levantina de Seguridad y España 2000), las grandes empresas de contratas salpicadas por diversos escándalos de corrupción en el seno del PP, u otras empresas ligadas a otros partidos políticos como el PNV (Bizla de Seguridad).

Así pues, los objetivos que tienen el gobierno y el capitalismo con esta legislación, es: blindarse a través de una intervención opresiva por el temor al auge de los movimientos sociales y políticos, crear un marco de impunidad judicial para quienes ejecuten estas normativas, avanzar y consolidar la privatización, extorsionar y aislar a los/as obreros/as conscientes y combativos/as, y crear miedo y apatía en toda la población.
Así el gobierno demuestra otra vez más que el ejercicio de derechos y libertades basado en los lemas de la Revolución Francesa, y la Carta Universal de los Derechos Humanos que pensamos que se obtuvieron en la Transición española gracias a la gloria y grandeza del pacto y la reforma, no son más que una imagen ficticia de un estado totalitario y podrido cualquiera, y un sistema económico cuyas raíces se asientan en el sudor y la desesperación de una humanidad sometida perpetuamente a la esclavitud del trabajo asalariado, a los dueños de las grandes empresas y a los parásitos de las instituciones de los estados.

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